NUEVAS REFERENCIAS A YACIRETA Y LA CORRUPCIÓN

Yacyretá, otra vez bajo sospecha de corrupciónDomingo |

22.05.2005
Clarín.com » Edición Domingo 22.05.2005 » Zona » Yacyretá,

otra vez bajo
sospecha de corrupción



EQUIPO DE INVESTIGACION : NUEVAS DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES /

LA REPRESA
HIDROELECTRICA ARGENTINO-PARAGUAYA QUE YA COSTO EL DOBLE DE LO

PRESUPUESTADO
Yacyretá, otra vez bajo sospecha de corrupción
La Justicia quiere recuperar 17 millones de dólares pagados
indebidamente a una
empresa italiana. Además, puso bajo la lupa el contrato por un
seguro
multimillonario y se duda de otro. Ahora, el Gobierno creó una
comisión
investigadora y promete terminar con la corrupción.
Daniel Santoro
dasantoro@clarin.com
A Moisés se le rompió la tabla justo en el undécimo mandamiento
que decía: todo
lo que falta lo paga Yacyretá". Con este chiste se intenta
explicar por qué la
represa hidroeléctrica más grande de la Argentina estaba en 1979
presupuestada
en 5.340 millones de dólares y cuando se termine, en el 2008
—con 29 años de
atraso—, finalizará costando unos 11 mil millones de dólares.
El 54% de ese aumento es por la refinanciación de las deudas con
el Banco
Mundial y el BID y otra parte es por los numerosos casos de
corrupción o
negligencia que giran alrededor de esta represa
argentino-paraguaya. Las cuatro
nuevas denuncias sobre Yacyretá son:
Caso Ansaldo. Este mes, el titular de la Oficina Anticorrupción,
Abel Fleitas
Ortiz de Rozas, pidió al Ministerio de Economía que busque
recuperar US$ 17
millones que se le pagaron indebidamente a la empresa italiana
Ansaldo en
concepto de reembolsos por cinco generadores que debían ser
nacionales pero, en
rigor, venían de Génova.
Caso ERIDAY. Fue iniciado por un reclamo sobre el verdadero
costo de "los
sándwiches de mortadela que comían los obreros", entre otros
rubros. Hoy el
reclamo del consorcio constructor ERIDAY —integrado por la
italiana Impregilo y
la francesa Dumez— por éste y otros 35 rubros asciende a US$
1500 millones.
Caso CIDY. En el 2002 Yacyretá renovó y dolarizó un contrato por
42 millones de
dólares con la consultora internacional Consorcio de Ingeniería
de Yacyretá
(CIDY) cuando "el trabajo lo podían hacer técnicos del Estado",
afirman expertos
argentinos.
Caso Heath. La semana pasada, el fiscal nacional de
investigaciones
administrativas, Manuel Garrido, recibió el expediente a través
del cual
Yacyretá renovó un seguro por la represa con la empresa
británica Heath y según
una auditoría implicaba un sobreprecio de US$ 1.500.000 por año.
El llamado caso Ansaldo nació de un enojo. A poco de asumir como
director
ejecutivo de Yacyretá, a fines de 1999, el circunspecto Rafael
Martínez Raymonda
pronunció en Asunción un discurso latinoamericanista ante el
entonces presidente
de Paraguay, Luis González Macchi, quien, sin preámbulos, le
contestó:
"¿Che, arreglaron el asunto de las 31 lavanderas paraguayas?".
Aludió a un reclamo de lavanderas que decían haber perdido
trabajo por la
inundación provocada por Yacyretá. Con paciencia, el ex diputado
satisfizo el
pedido pagándoles para que hicieran un curso de asistencia
social. Pero se
irritó cuando vio que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY)
compró "campos en
Paraguay por 1.500 dólares la hectárea cuando en Pergamino un
campo cultivable
sale la mitad", graficó.
Semanas más tarde, Martínez Raymonda recibió en Buenos Aires un
pedido de la
japonesa Mitsubishi para cobrar un reembolso por la construcción
de cinco
generadores. El dirigente demócrata progresista esta vez se
enojó y ordenó
rechazarlo diciendo que podía ser algo así como un "intento de
estafa". Era
porque la ley de Promoción Industrial 20.852 pagaba subsidios
para equipos de
fabricación nacional y los generadores eran japoneses. Martínez
Raymonda narró a
Clarín que para su sorpresa la respuesta japonesa fue:
"entonces, ¿por qué le
pagaron subsidios a Ansaldo?".
Al leer el expediente por el que se le habían pagado 17 millones
de dólares a
Ansaldo por otros cinco generadores se descubrió que en los
pedidos de subsidios
a la Secretaría de Industria se omitió decir que habían sido
fabricados en la
Vía Lorenzi 8 de Génova. En cambio, se afirmaba que habían sido
fabricados
"parcialmente en los astilleros Río Santiago". También se había
evitado informar
a Industria que la consultora CIDY había opinado que no
correspondía pagarlos.
Con estas sospechas se abrió una causa judicial. El juez federal
Jorge Urso
terminó procesando por fraude al Estado al ex gerente financiero
de Yacyretá
Luis Manzo y al ex subsecretario de Industria menemista Miguel
Angel Cuervo,
entre otros. A fines del año pasado, la Cámara Federal
—integrada por Martín
Irurzún, Horacio Cattani y Horacio Luraschi— confirmó los
procesamientos y
ordenó al juez "orientar también la investigación en torno a los
responsables de
Ansaldo".
En sintonía con esa orden, Urso secuestró en la oficina local de
Ansaldo un
documento interno en el cual un contador se queja porque se
"carece de orden de
pago" (ver facsímil) por la entrega de 3.546.210 pesos pagados
al estudio
argentino "Cohen, Seligra y Asociados" en concepto de honorarios
por "gestión de
cobro" de los subsidios.
Ante este y otros datos, el fiscal anticorrupción pidió, a
principios de mes, a
Economía recuperar los 17 millones de dólares y al juez, que
eleve la causa a
juicio oral para que se dicte sentencia.
El caso ERIDAY arrancó con Carlos Menem. Pese a que esa y otras
irregularidades
se cometieron durante su gestión, el ex presidente acuñó una
frase histórica:
"Yacyretá es un monumento a la corrupción". Luego intentó
privatizarla y
vendérsela al ex presidente de EE.UU. George Bush padre, pero el
Congreso
argentino se opuso.
Menem, junto a su entonces colega paraguayo Juan Carlos Wasmosy
—cuya
constructora fue una de las principales contratistas de
Yacyretá— no sólo
intentó privatizar la represa, sino que también legitimó una
disputa con el
consorcio constructor Eriday que empezó por "el costo de los
sandwiches de
mortadela que comían los obreros" y hoy asciende a US$ 1.500
millones.
Ante los reclamos por sobrecostos del consorcio, Menem aceptó
nombrar al ex
secretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger y al ex ministro
de la Corte
Suprema Mariano Cavagna Martínez como "amigables componedores"
de un tribunal
arbitral entre el Estado y Eriday.
Cuando se produjo el asesinato del vicepresidente del Paraguay,
José María
Argaña, el 23 de marzo de 1999, el arbitraje inició su camino al
fracaso. Los
motivos: el señador paraguayo Juan Galaverna denunció que el
crimen pudo haber
sido financiado con la "caja negra" de Yacyretá; y la familia de
Argaña señaló
como autor intelectual del crimen al general Lino Oviedo, un
protegido del
menemismo en la Argentina. Nelson Argaña, hijo del político
asesinado y miembro
de Yacyretá, se encargó de bloquear la iniciativa menemista.
Con Kirchner en la Rosada, se nombró a Héctor Masnatta para dar
pelea a Eriday
en un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la
Cámara de
Comercio Internacional (CCI) con sede en París. Masnatta objetó
a uno de los
árbitros e intenta ahora que el juicio pase a la justicia
argentina.
El llamado caso CIDY es uno de los más recientes. Se trata de la
consultora CIDY
que manejó la monumental obra. Especialistas consultados por
Clarín afirmaron
que "prácticamente desde 1994 el trabajo de CIDY podía ser hecho
por técnicos
del EBY". Pero lo que llama la atención es que en el 2002
durante la gestión del
director ejecutivo del EBY, Humberto Schiavoni, el contrato con
CIDY "había
terminado y no sólo se lo renovó por seis años sino que se lo
dolarizó". Así se
pasó a "pagar 42 millones de dólares por año para realizar un
plan estratégico
para la terminación de las obras" cuando ya había uno
confeccionado por la
consultora CIO. Schiavoni, un hombre del ex gobernador misionero
Ramón Puerta,
justificó ante este diario que "renové porque el BID nos había
pedido un nuevo
plan de terminación de la obra... Y sólo se dolarizaron los
servicios brindados
desde EE.UU. y Alemania".
Esa renovación tiene un costado internacional: fue apoyada por
el entonces
consejero del EBY y hoy ministro de Obras Públicas de Paraguay,
José Alderete,
según se lee en las actas del organismo binacional de la época.
A poco de asumir, Kirchner nombró a Oscar Thomas, un hombre del
actual
gobernador de Misiones Carlos Rovira, al frente del EBY. Una de
las primeras
medidas de Thomas fue rescindir ese contrato con CIDY.
El caso Heath se abrió el año pasado cuando Clarín reveló un
informe del auditor
interno del EBY Pedro Rocha que alertaba que se estaba pagando
un sobreprecio de
1.500.000 dólares por un seguro otorgado sin licitación pública
a la empresa
británica Heath. Otro aspecto llamativo es que el "fronting"
(respaldo) del
seguro en la Argentina lo hace el Banco de la Provincia de
Buenos Aires por 50
mil pesos y en Paraguay "cueste diez veces más", según dijo una fuente oficial.
El contrato de abril del 2003 con Heath también fue firmado por
Schiavoni, quien
resaltó que "esta renovación fue aconsejada por los asesores
internacionales de
seguro y aprobada por el Consejo de Administración del EBY".
El fiscal Garrido le pidió una copia de ese contrato de la época
duhaldista a
Thomas, pero el funcionario tardó 40 días para dárselo y se ganó
una denuncia
por supuesta "desobediencia".
Con esa herencia, Thomas formó recientemente una comisión
investigadora para
recopilar las decenas de denuncias contra Yacyretá dispersas por
distintos
juzgados. Y levantó banderas de transparencia. Ahora deberá
demostrarlo cuando
licite obras por más de US$ 650 millones para terminar Yacyretá
en el 2008.